«Cuando el ciudadano-ecologista pretende plantear la cuestión más molesta preguntando: “¿Qué mundo vamos a dejar
a nuestros hijos?”, evita plantear esta otra pregunta, realmente inquietante: “¿A qué hijos vamos a dejar el mundo?”».
Jaime Semprun, El abismo se repuebla (1997).

El pasado 25 de julio, un conocido ecologista madrileño compartió en sus redes sociales un «hilo» publicado en Twitter por un padre del AMPA de un colegio público de Móstoles. Este último, apoyándose en una modelización matemática de andar por casa, vaticinaba que con una ratio de 25 alumnos por aula y sin mascarillas, sólo en Móstoles, podrían llegar a morir 49 niños por Covid-19. El pronóstico iba en contra de toda la literatura científica publicada hasta el momento (en ella se recogía la poca incidencia de contagios de menores, mayoría de asintomáticos o casos con síntomas leves y un mínimo número de contagios producidos por estos), y aunque las premisas de la modelización eran fácilmente desmontables, el «hilo» fue compartido numerosas veces. Este es un ejemplo de los muchos desvaríos que contribuyeron al estado de pánico con el que se enfiló la vuelta a las escuelas en el Estado español a finales de agosto.

Contra las evidencias citadas en los artículos científicos se argumentaba que los datos sobre cómo interactuaban el coronavirus y los niños eran demasiado escasos, debido principalmente al temprano cierre de colegios y al confinamiento. Así, ante la duda, sin mirar a Europa, con la intención de atajar parte del miedo que ellos mismos habían contribuido a transmitir y evitar de esta forma un supuesto absentismo masivo (ampas andaluzas, por ejemplo, amenazaron con boicotear el inicio del curso), los gobiernos central y autonómicos impusieron la mascarilla obligatoria y la distancia entre personas en los colegios a partir de los 6 años; dos medidas cuando menos antipedagógicas que recibieron el apoyo de numerosos padres y tutores y de la mayoría, por no decir la totalidad, de los sindicatos y de los creadores de opinión de los medios de comunicación. Al fin y al cabo, es un mal menor. La escuela, sea como sea, es vital para los pequeños. Las familias necesitan poder conciliar. La sociedad de consumo merece que sacrifiquemos la salud mental y el futuro criterio de nuestros hijos en los altares del empleo y de la economía. El editorial del 8 de septiembre del diario Gara rezaba así: «Nadie se engaña a estas alturas; [la vuelta a las aulas] es también la fórmula para poder descargar a los padres y madres que trabajan, para que puedan conciliar y organizarse las empresas. Y así debe ser, porque en esta crisis el empleo es una prioridad. Obviamente, sufriendo el mínimo posible de daños y bajas». La muerte («bajas») y la retórica bélica no podían faltar. ¿Se imagina alguien que un periódico de izquierdas asumiera la necesidad de maltratar a mujeres o inmigrantes, por ejemplo, por el bien de la conciliación, del empleo y de la economía?

Bien, ya ha pasado un mes desde aquel inicio de curso, y ni en los colegios públicos de Móstoles ni en ningún otro lugar del reino ha muerto niño alguno por Covid-19. Ni siquiera sabemos que esto haya ocurrido en ninguno de los Estados que nos rodean (Portugal, Francia, Alemania), donde todos los niños menores de 10 años van a la escuela sin mascarilla, o más al norte (Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia), donde tampoco la usan los alumnos de entre 10 y 18 años. El pasado 3 de octubre, los medios de comunicación informaron de que el Plan Bizi Berri II del Gobierno Vasco afirmaba que un total de 710 escolares de la CAV (Comunidad Autónoma Vasca) había dado positivo por coronavirus durante las tres primeras semanas del curso (esto supone menos del 0,2% de la población en edad escolar según el Eustat; no hemos sabido encontrar el número de personas actualmente escolarizadas). Las noticias aportan pocos datos más: el número de niños confinados de forma preventiva, desglose por provincias, número de aulas y centros afectados y algunos detalles muy generales sobre las tendencias por franjas de edad. No se informa, ni siquiera de forma aproximada, sobre cuántos de esos menores se han contagiado en los colegios, cuántos se han contagiado de un profesor, cuántos han contagiado a algún compañero de aula o a algún profesor, cuántos han contagiado a sus familiares y su entorno cercano, cuál es la relación de estos índices con el impacto general de la epidemia en sus respectivas áreas geográficas y si todo esto confirma, contradice o matiza lo dicho hasta ahora por la literatura científica.

Afortunadamente, aunque resulta insuficiente, otras fuentes dejan entrever por dónde podrían ir esas conclusiones. El 28 de septiembre, Javier Benito, jefe de servicio de Emergencias Pediátricas del Hospital de Cruces, declaró en la televisión pública vasca (ETB): «Los padres y las madres deben saber que el coronavirus es muchísimo más leve en niños y que de haber casos graves, estos evolucionan favorablemente en la mayoría de los casos. No hay que preocuparse por la Covid-19, no más que por otras enfermedades como la gripe o el asma». Y añadió: «Los contagios se dan en el entorno familiar, y son mucho menos probables en el entorno escolar o en un parque».

Si a finales de agosto se pudo argüir que disponíamos de pocos datos, esto ya no es así. De hecho, no sólo disponemos de la evidencia proporcionada por la vuelta a las aulas en la CAV o en el Estado español, sino que también podemos compararla con la de los Estados limítrofes. Es urgente la publicación transparente, el análisis concienzudo y el debate político y social de este conjunto de datos. La dilación en el análisis o su ocultación serían muestras de una grave falta de humanidad. Si la evidencia lo permite, la «desescalada» del miedo y de las medidas restrictivas contra la forma de vida de nuestros hijos, tanto dentro como fuera de las escuelas, no puede esperar.

Adenda
La mascarilla roja de Mao

«Cruzarse con una persona tiene un riesgo igual a cero».
Fernando Simón, rueda de prensa del 4 de mayo de 2020

El ecologista madrileño con el que abríamos este escrito incluyó el siguiente pasaje en un artículo publicado en enero de 2019:

«Mi hijo nació en el año 2014. Si tiene suerte, y la esperanza de vida actual se mantuviera intacta (cosa difícil pero no imposible por muchas vías, algunas mejores que otras), quizá podrá llegar a ver nacer a sus nietas o bisnietos en el año 2100. Sin duda estos hipotéticos descendientes míos nacerán en una Península Ibérica no sólo bajo un clima mucho más extremo, sino en una sociedad mucho más rural. Pero que esta sociedad ruralizada esté organizada en comunas ecosocialistas o en grandes plantaciones donde esclavos cultivan biocombustibles para una dictadura ecológica (como prefigura la novela El salario del gigante de José Ardillo) es algo que se decidirá en el mientras tanto. Y en ese mientras tanto, si hay una institución que va a influir en el desarrollo de los acontecimientos, es el Estado. No es verdad que el juego militar que hoy se cuece alrededor de las reservas fósiles que quedan no vaya a repartir la baraja de la energía neta de un modo determinante por mucho tiempo. No es verdad que podamos esperar que tras una etapa inicial ecofascista el colapso haga emerger soluciones ecocomunitarias. Porque el fascismo en curso lo que va a dejar tras de sí es un genocidio. Y por tanto una tierra culturalmente quemada por el miedo y el terror político, esterilizada forzosamente hasta ser incapaz de cultivar en ella emancipación» (CTXT, 23-01-2019).

La actual epidemia de coronavirus ha desvelado una nueva faceta de la crisis ecológica y social; el miedo y el «terror político» ya están aquí, causando estragos; «mientras tanto», la mayor parte de la izquierda y del ecologismo no hacen sino contribuir a su expansión. De hecho, puede que «maoísmo» sea un concepto más acertado que «fascismo» para referirse a las actuales medidas de restricción de la vida social y reeducación de la población.

Volviendo a los ejemplos tomados del diario Gara, en el editorial del 16 de julio (día en el que el Gobierno Vasco impuso la mascarilla obligatoria en exteriores) queda claro que, ante la duda, prima el valor pedagógico de los tapabocas: «Sobre esta obligatoriedad hay diferentes planos de debate. Uno es el científico, en el que no hay consenso sobre los mecanismos de transmisión del patógeno. Sería absurdo entrar en ese debate; que la comunidad científica prosiga su trabajo y siga arrojando luz. Otro plano de debate es el social y es quizá aquí donde la obligatoriedad resulte más comprensible. Más allá de su efectividad concreta, llevar mascarilla es un acto de anormalidad que nos recuerda el contexto excepcional en el que vivimos. Obliga a una toma de conciencia que, como se ha podido observar las últimas semanas, era menor que la deseada, sobre todo en territorios donde la primera ola golpeó en menor medida».

Tres meses después, seguimos sin noticias de artículo alguno que pruebe o cuantifique la efectividad de la mascarilla en exteriores. Es más, el pasado 26 de septiembre, eldiario.es publicó un reportaje en el que, citando «fuentes de salud pública familiarizadas con la gestión de la pandemia, bajo condición de anonimato», se plantea que muchas restricciones han sido fruto del miedo, la presión mediática y el «efecto arrastre» entre administraciones, más que de criterios científicos. En este sentido, leemos que: «Muchos técnicos se resistieron a hacer las mascarillas obligatorias en exteriores, pero no lograron imponerse». De esta forma, se perdió la oportunidad de promover, por ejemplo, el uso de las mascarillas «en domicilios ajenos y no en medio de la montaña».

Así, durante los últimos tres meses, muchos abuelos y tíos se han visto obligados a meterse en espacios privados, muchas veces cerrados, para poder ver el rostro de sus sobrinos y nietos. Sin olvidar el efecto nefasto que su proliferación pueda llegar a tener en el aprendizaje del habla y en la expresividad facial de los bebés (no pueden ver el uso que la mayoría de sus congéneres hacen de la boca), ¿alguien se atreverá a valorar el efecto que la mascarilla en exteriores ha podido tener en el preámbulo de esta «segunda ola»?

El Gobierno Vasco acaba de publicar una encuesta según la cual el «uso obligatorio de la mascarilla» ha resultado «muy o bastante duro» para un 62% de los encuestados (Deia, 24-10-2020). Cuando la OMS ha empezado ya a hablar de «hartazgo pandémico –entendido como la desmotivación a la hora de seguir los comportamientos recomendados para protegerse a sí mismos y a los demás–» (eldiario.es, 7-10-2020), un uso racional de la mascarilla tampoco puede esperar.

Ander Berrojalbiz es músico, profesor de Historia de la Música y coautor de La hija de los herejes (Pamiela, 2018).

(Artículo publicado el 21 de octubre de 2020 en Naiz.eus, plataforma digital del diario Gara. La adenda final ha sido redactada con motivo de su aparición en Política y Letras)

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